Compra consolidada de medicamentos ha generado ahorros por 117 millones de dólares al Estado mexicano

Como parte del convenio entre el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) sobre la compra de medicamentos y material de curación, se informa que a la fecha se han adjudicado contratos para proveer con 98 millones de unidades de medicamentos priorizados a las instituciones de salud pública del país.

Los contratos adjudicados tienen valor total mayor a 18 mil millones de pesos (USD 877 millones de dólares) para más de 216 claves de medicamentos.

Con ello se ha logrado un ahorro inicial de dos mil 389 millones de pesos (USD 117 millones de dólares), tomando como base los precios referenciales pagados por el comprador público el año pasado.

UNOPS coordina la entrega de medicamentos priorizados junto con el Insabi, quien a su vez organiza el traslado de las medicinas a los puntos de destino con las instituciones de salud y los operadores logísticos seleccionados por cada dependencia.

Desde enero de este año se han entregado medicamentos priorizados a varias entidades y estados del país; entre ellos, medicamentos para el tratamiento de enfermedades oncológicas, hematológicas e infecciosas.

Hasta hoy la UNOPS ha emitido más de 210 órdenes de entrega solicitadas a los proveedores contratados, y esta semana serán entregados medicamentos en los estados de Sinaloa y Baja California Norte y Baja California Sur.

Las adjudicaciones actuales corresponden a la compra consolidada de medicamentos y materiales de curación para 2021, a través de una estrategia conjunta que llevan a cabo el Gobierno de México y la UNOPS para el abastecimiento de necesidades inmediatas y de corto plazo.

Con este fin, se priorizaron las compras para medicamentos de patente, fuente única y abasto crítico en el contexto de la pandemia por COVID-19.

Los ahorros en las compras han sido posibles haciendo efectivos los principios internacionales de compras públicas: transparencia, integridad, competencia efectiva y mayor valor por el dinero a precios justos; todo ello, con el fin de favorecer una gestión pública justa y equitativa.