En el último año, México ha enviado señales relevantes en política energética. Durante la COP30, celebrada en Belém en noviembre de 2025, el país presentó su Contribución Determinada a Nivel Nacional 3.0 (NDC 3.0), que fija metas claras: generar 38.5% de electricidad con fuentes limpias para 2030 y 43.3% para 2035.
Además, por primera vez estableció metas absolutas de emisiones netas –entre 364 y 404 millones de toneladas de CO₂ equivalente para 2035–, lo que implica mayor rigor en la implementación de políticas y en la rendición de cuentas sobre los avances climáticos.
Estos compromisos sólo cobran tracción cuando se traducen en política sectorial concreta. El sector eléctrico es el espacio más inmediato para avanzar: concentra una parte relevante de las emisiones nacionales y permite acelerar la transición energética a mayor escala. Por ello, la NDC 3.0 se articula con el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (PLADESE) 2025–2039, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2025.
El PLADESE establece una hoja de ruta de 15 años que prevé incorporar 75,559 MW de nueva capacidad de generación, de los cuales 78% corresponderá a tecnologías limpias. Entre 2025 y 2030 se sumarían 33,555 MW adicionales –incluido almacenamiento– con predominio de energía solar y eólica. La alineación entre planeación eléctrica y política climática marca un avance institucional.
Las metas escritas solo cobran sentido cuando se acompañan de mecanismos concretos de implementación. Octubre de 2025 marcó un punto de partida.
Fuente; Energy21
